para perseguir a políticos.
Joel Sánchez Rodríguez
@joelsanradar
La Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), resolvió el NO Ejercicio de la Acción Penal, en contra del gobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong; del gobernador electo, José Francisco Olvera Ruiz, sus familias y 10 funcionarios más, por los delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, luego de que en la integración de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/143/2008 se determinara que no existen elementos para acreditar su presunta responsabilidad en los mismos, ni tampoco la existencia de tipos penales, es decir, ni siquiera hay delitos que perseguir.
Lo anterior, luego de que hace once meses en su edición 1745, la Revista PROCESO publicara bajo la firma del reportero Ricardo Ravelo, el reportaje Hidalgo: La red “Zeta” de alto nivel, en el que al mandatario Miguel Osorio, así como al entonces candidato priista a la gubernatura del estado, Francisco Olvera; al ex-procurador José Alberto Rodríguez Calderón, al Secretario de Seguridad, Damián Canales Mena y a otros servidores públicos, se les imputaba tener vínculos con un grupo del crimen organizado; basándose el comunicador en la copia de una supuesta averiguación sustentada en denuncias anónimas, cuya existencia desmintieron la PGR y la Secretaría de Gobernación Federal.
A iniciativa de los aludidos, se inició una investigación que incluyó las mismas denuncias anónimas, declaraciones de testigos protegidos, testimoniales de personas detenidas, documentos de cuentas e historiales de movimientos bancarios, informes sobre bienes patrimoniales, declaraciones patrimoniales, registro de viajes y otras más de diversa índole, que una vez solventadas permitió a la PGR y la SIEDO determinar que no existen vínculos de los gobernadores con grupos delincuenciales, que no existen delitos y por lo tanto no puede haber presuntos responsables.
Pero quedó claro que la filtración realizada a través de PROCESO, persiguió afanes no de justicia, sino fines electorales, pues en Hidalgo se vivía el proceso para elegir gobernador y diputados locales. Un golpe mediático como ese, le restaría credibilidad y votos al candidato del PRI y por ende favorecería a la candidata de la oposición, por lo que no es difícil suponer que el golpe provenía del Gobierno Federal, que el remitente está quizás en la misma Residencia Oficial de Los Pinos y que se trató de una estrategia electoral panista bajo el precepto de “calumnia que algo queda”.
Así lo estila el gobierno de la República. En el 2004 Vicente Fox dio una muestra de la judicialización de la política como instrumento para perseguir a sus enemigos y opositores, al intentar sin éxito, el desafuero y destitución de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno del Distrito Federal, por el famoso y vergonzoso caso de El Encino, para así sacarlo de la contienda por la sucesión presidencial.
En el gobierno de Felipe Calderón, un hecho similar se registró en la elección de gobernador en Guerrero, una filtración al diario REFORMA, involucró al candidato del PRI Manuel Añorve Baños, con grupos criminales, aunque después se desmintió y se intentó limpiar su nombre, pero el daño ya estaba hecho, el golpe se había dado tres días antes de la elección y surtió sus efectos en favor de los oponentes del PRI.
En el 2010, también el diario REFORMA que juega un importante papel en favor del PAN, exhibió los presuntos nexos con narcos del precandidato priista a la gubernatura de Sinaloa, Jesús Vizcarra Calderón, y aunque nunca se le fincó ninguna responsabilidad legal, el golpe exhibió cómo sería la estrategia para atacar al PRI, misma que aplicaron los panistas con Añorve, Vizcarra, López Obrador, Olvera y Osorio, aunque con estos últimos no prosperó.
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